El 23 de febrero del 2020, Rocío, estaba con su suegra, en la casa de esta última, cuando agentes ministeriales y miembros del ejército mexicano arribaron a su domicilio y detuvieron a las dos por tener una maceta con una a planta de mariguana que utilizaban con fines terapéuticos, eso no les importó y fueron presentadas ante el MP de Texcoco, acusadas de daños contra la salud.
Después la mamá de su esposo fue liberada, tres horas después, y Rocío "N", fue sujeta a proceso por delitos contra la salud, pero en su primera audiencia celebrada el 26 de febrero de 2020, le otorgaron su libertad y al salir fue nuevamente detenida acusada de participar en la desaparición forzada de Benito Peralta Arias.
En esa ocasión, una vez detenida la mujer de 27 años, el hermano del occiso arremetió contra ella y la golpeó, en repetidas ocasiones, por la desaparición y muerte de su familiar, hasta que fue rescatada por los agentes ministeriales.
Los familiares, de la joven, aseguran que quienes acusan a Rocío son: "la esposa, la hija y el hermano" de Peralta Arias, y quien la señala es un policía municipal sin más datos de prueba. Sus acusadores "cambiaban en cada audiencia su testimonio. En una audiencia "dijeron que se trataba de seis encapuchados, quienes se llevaron a su familiar, y en otra que eran 10 sujetos con capucha y una mujer", testimonios asentados en la causa penal 113/2021.
Amistades y familiares acusan que el juez, Rafael Cárdenas, canceló dos meses las audiencias, y al reanudar, el 2 de junio pasado, Rocío "N", fue sentenciada a 20 años de prisión, esto después de dos años y once meses de proceso.
Posteriormente, según testigos, el juzgador informó que a Rocío "no se le notaba arrepentimiento en la cara' y ningún otro motivo le aumentó a 57 años de cárcel" sin ningún otro motivo.
Los familiares y amigos de Rocío acusan la mala actuación del juez, Rafael Cárdenas, quien no tomó en cuenta el vídeo donde ella aparece en la audiencia de su marido el 21 de febrero del 2020. Y suspendió dos meses las audiencias y sin mayores pruebas la condenó.
Además, "existen otras líneas de investigación" como un conflicto familiar con el occiso y señalamientos de presuntos culpables sin ser llamados a declarar ni están sujetos a investigación.
Apelada la sentencia de 57 años, Rocío espera, junto con su bebé de año y medio, que se le haga justicia y lograr su libertad para reunirse con su esposo que lleva el 70 por ciento de su sentencia cumplida y con su hijo que crece alejado de su madre injustamente.
Como el caso de Rocío, hay al menos 10 más de mujeres sentenciadas y en proceso por diversos delitos "fabricados" y con "irregularidades" por parte del juez, Rafael Cárdenas.
Lo acusan por cancelar sin motivo las audiencias, y no admite datos de prueba de las partes defensoras en perjuicio de las Personas Privadas de su Libertad (PPL).